Reporte nº 21 de aplicación del DNU 297/2020

Desde el inicio del estado de excepción determinado por la pandemia, no hay prácticamente distrito de nuestro país del que no lleguen graves denuncias contra las fuerzas de seguridad, cuyo voltaje represivo se incrementa exponencialmente, a fuerza de discrecionalidad y arbitrariedad, en esta emergencia. 

Foto de archivo.
Pero hay jurisdicciones que vienen superando la media nacional, a través de disposiciones locales, que merecen ser destacadas. 

La provincia de San Juan, por ejemplo, además de tener uno de los índices más altos de personas detenidas (casi 7.000), implementó por decreto del poder ejecutivo, aprobado en tiempo récord por el poder legislativo, la aplicación del procedimiento de flagrancia a las causas iniciadas por violación del aislamiento. 

Así, a diferencia de lo resuelto por la justicia federal y la mayoría de las provinciales, que notifican la imputación y postergan el trámite para cuando finalice la feria judicial, en la provincia cuyana se están dictando condenas a granel. 

Según informan los medios locales, en apenas dos semanas fueron condenadas 147 personas, de las cuales 112 recibieron penas de cumplimiento condicional y 35 de prisión efectiva, por lo que fueron derivadas a unidades carcelarias. 

Lo mismo ha comenzado a suceder en la provincia de La Pampa, donde un hombre de 38 años se convirtió en el primer condenado. En una audiencia por videoconferencia, y aplicando el procedimiento de flagrancia, el juzgado aceptó un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal y la defensoría oficial con una pena de seis meses de prisión en suspenso. 

El procedimiento de flagrancia es un mecanismo ultra rápido, prácticamente sin instrucción, que se implementó inicialmente para hechos menores en los que el fiscal no requiriera la prisión preventiva y que no requirieron la producción de prueba por estar acreditados en el momento mismo de su comisión. 

Sistemáticamente se fue extendiendo su aplicación a casos más graves, tanto a nivel federal como provincial, con el argumento de acelerar los procesos. 

La experiencia práctica de este procedimiento exprés, a lo largo de casi dos décadas de vigencia, prueba que, salvo cuando intervienen defensores particulares que logran zafar del mecanismo para volver al trámite común que permite hacer un descargo, ofrecer pruebas y ser oídos por el juez, las personas sin recursos, en el mejor de los casos, reciben un rápido ofrecimiento de juicio abreviado. 

Así, ante la coacción que se resume en el clásico “agarrá el abreviado, pibe, que te conviene”, la víctima renuncia a la posibilidad de defenderse, acepta la propuesta y consiente una condena que, aunque no sea a cumplir, marca de por vida y e impide, por ejemplo, ser elegible para un trabajo en blanco. 

Su utilización masiva para las causas iniciadas en el marco del estado de excepción permite prever una avalancha de condenas sin sustento. 

La grave situación de miles de personas que, en este escenario de por sí difícil, no perciben sus haberes por parte de empresas que no están dispuestas a “ganar menos” y mucho menos a perder un peso, sigue provocando protestas que, en lugar de motivar respuesta del estado, son reprimidas. 

Ahora sucedió en Corrientes, donde la policía reprimió y detuvo 15 trabajadores de “Forestal Tapebicuá”, una subsidiaria de Celulosa Argentina, en Virasoro. 

Lxs trabajadores se presentaron en la planta a reclamar el pago de los sueldos del mes de abril y terminaron imputadxs por violar el aislamiento, y desde luego, siguen sin cobrar. 

El gobernador de Jujuy, el radical-macrista Gerardo Morales, tuvo una “idea” nada novedosa, que remite a las estrellas amarillas marcando personas y casas de judíos durante el régimen nazi: “Vamos a poner una faja marcando que esa casa está en cuarentena”, anunció, orgulloso de siempre estar un poco más allá en materia represiva. 

Desde Lincoln, provincia de Buenos Aires, nos llegó una circular de prensa de La Fraternidad, que denuncia que la policía impuso tormentos a un conductor de trenes de la empresa FEPSA, que regresaba a su domicilio después de cumplir su turno en un servicio esencial como el transporte. El hecho ya fue denunciado ante la justicia penal. 

En El Cóndor, un pequeño pueblo de Río Negro a 39 kilómetros de Viedma, una mujer fue al único cajero automático existente, a una cuadra de su domicilio, para pagar el alquiler, ya que no puede acceder por homebanking a su cuenta. 

Eran las cinco de la tarde. Una partida policial la interceptó. Ante su razonable explicación, le dijeron que sólo podía hacer ese trámite de 10 a 11 de la mañana (¿?), y le tomaron sus datos, que volcaron a un acta que debió firmar, al tiempo que le advirtieron “Te tenemos identificada, no queremos volver a verte”

De vuelta en Santa Rosa, La Pampa, un hombre relató que lo detuvieron en la puerta de su casa, mientras charlaba a la distancia con dos vecinxs. 

Lo esposaron, le golpearon la cabeza contra la pared, lo tiraron al piso y lo mantuvieron detenido más de tres horas hasta que fue liberado, naturalmente con imputación penal. 

En Neuquén, una mujer fue a una comisaría, alertada porque habían detenido a su pareja. Le indicaron que esperara afuera, que pronto sería liberado. 

Mientras estaba sentada frente a la entrada, dos policías la encararon, uno de ellos portando una escopeta. La insultaron y ordenaron que se fuera. 

Cuando estaba llegando a la esquina, la alcanzaron y le dijeron “Por pelotuda te vamos a demorar”

La retuvieron esposada por más de tres horas, la imputaron penalmente, le robaron $800 que tenía encima e irónicamente le sugirieron tomar un Ibuprofeno para las manifiestas lesiones de sus muñecas. 

En Baradero, provincia de Buenos Aires, una mujer iba en su auto, tras hacer compras para su grupo familiar, a la casa de su madre, que había quedado al cuidado de sus tres hijxs pequeñxs. 

En el trayecto tuvo un accidente de tránsito, y cuando se dirigió a la comisaría a cumplir los trámites de rigor, la retuvieron seis horas, la maltrataron y la imputaron por violar el aislamiento. 

CORREPI sigue alerta para difundir todas las denuncias. Mandanos tu testimonio, audio, foto o video. 

La organización y la solidaridad popular siguen siendo nuestras herramientas para defendernos. 

Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión. 

La salida es la organización colectiva y popular.

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