18 años de la rebelión popular – 18 años de impunidad

Diciembre suele ser un mes para hacer balances y revisar memorias. 


Hace apenas unos días presentamos el Informe de la Situación Represiva Nacional, acto político en el que apelamos a la memoria e historia del pueblo, donde habitamos el epicentro de la política nacional para denunciar las políticas del estado que matan y en el que, también, los muertos a manos del aparato represivo estatal salen a la calle para contar lo que la lucha tiene de vida. 

Hoy, en un contexto político con continuidades y diferencias, se hace necesario recuperar de la historia aquellas jornadas de lucha que tumbaron un gobierno ajustador y represor que antes de huir en helicóptero dejó un saldo de 39 personas asesinadas en todo el país.  
El ajuste y el estado de sitio: los responsables 

El contexto del levantamiento popular de diciembre estaba algo más que caldeado. Las clases populares venían soportando la desocupación y la precarización abismal desde la década del ‘90 con una hiperinflación que se devoraba los ingresos precarios del pueblo trabajador para sostener la convertibilidad. 

El “corralito” impuesto por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, afectó principalmente a los sectores medios reciente y forzosamente bancarizados por la ministra de Trabajo Patricia Bullrich y también a la clase obrera y los desocupados, que venían de movilizarse en el paro general del 13 de diciembre.

En Corrientes, Salta, Chaco y Córdoba, entre otros lugares del país, lxs trabajadorxs venían manifestándose contra la gestión de la Alianza UCR-Frepaso, que ya tenía en su cuenta la vida de siete personas asesinadas en el marco de las protestas contra el ajuste que sufría el pueblo. 

Desde marzo, Ramón Mestre (padre) era el ministro del Interior, tras haber sido interventor de la provincia de Corrientes, “pacificada” -en sus propias palabras- con la masacre de Puente General Belgrano, donde la gendarmería asesinó a Mauro César Ojeda y Francisco Escobar. 

Había dejado el puesto de interventor en manos de otro radical cordobés, Oscar Aguad, amigo personal del represor Benjamín Menéndez. 

Había suplantado a Federico Storani, responsable político de las represiones de Corrientes, Salta, Córdoba y Chaco que se habían cobrado las vidas de Aníbal Verón, Ramón Molina y Félix Carranza, antes de cerrar su gestión con las muertes del Puente General Belgrano. 

Apenas unos meses después de que Mestre arribara al ministerio, en el marco de una intensa lucha popular con corte en la Ruta 34 en Salta, fueron asesinados José Oscar Barrios y Carlos Santillán. 

La tarde del 19 de diciembre, tras haberse reunido con Mestre y su gabinete, De La Rúa declaró el estado de sitio en todo el territorio nacional. 

Con el Congreso en receso, aseguró que la medida se ejecutaría por 30 días, aún sin aprobación legislativa. 

La medida, con la suspensión de las garantías constitucionales, pretendía sostener un ajuste que se venía acelerando en el último mes y que traía aparejada la reacción de las masas, hartas de un despojo constante. 

A las 19:05, el presidente anunció el decreto de excepción por cadena nacional, para “asegurar la ley y el orden”, declarando como “enemigos” de ese orden, “violentos” y “delincuentes” a militantes sociales, desocupados y personas llevadas por la desesperación al saqueo o a la protesta, alegando la necesidad de “un amplio y responsable consenso” y pidiendo “autocrítica” a los demás partidos y bloques. 

Ese mensaje breve pero consistente encendió el fuego de decenas de miles de argentinxs que salieron a las calles a exigir la renuncia del presidente, marcando así un hito en la historia de la lucha popular. 

La lucha popular y la represión 

En aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre las fuerzas federales y provinciales salieron a reprimir con la orden explícita del gobierno nacional y los provinciales de “evitar a cualquier costo” las manifestaciones. 

Con o sin identificación, dispararon con balas de plomo contra quienes se encontraban en cercanías de supermercados, locales de organizaciones sociales o movilizadxs en la calle, con el aporte de los vigiladores privados de las empresas, igualmente armados. 

Militantes sociales, desocupadxs, transeúntes, mujeres y niñxs recibieron las balas que buscaban sostener el ajuste y el despojo y disciplinar el levantamiento que se venía gestando. 

Un saqueo de tales proporciones sólo podía ejecutarse con el empleo de todo el poder de fuego de las fuerzas de seguridad, la suspensión de la Constitución, el blindaje y subordinación al FMI, la complicidad de los gobernadores y de los bloques de partidos políticos tradicionales. 

Algunas postales de esa lucha han quedado guardados en la memoria colectiva: las cacerolas, la multitud frente a Casa Rosada, las piedras, la palmera en llamas en Plaza de Mayo, los gases, el camión hidrante, la policía montada corriendo y amedrentando a las Madres y a periodistas, las banderas, el helicóptero. 

En todo el país, el pueblo salió a buscar comida, a luchar en las calles, a asistir a compañeros y compañeras heridxs, a cargar a los muertos y muertas de la represión. 

Sin dudas, la cadena nacional del presidente había quebrado algo no tan intempestivamente como los medios habían logrado transmitir, sino que se venía respirando en el aire desde hacía años, que se venía masticando de tanto apretar los dientes y se quemaba en cada goma, en cada corte de ruta o calle del país, que ocupaba las mesas de los merenderos y que colgaba como bandera en las cooperativas y locales de organizaciones sociales, que había estado silenciado por las operaciones de los medios hegemónicos de todos los rincones del país: 

“¡Que se vayan todos! ¡Que no quede ni uno solo!”

Se había quebrado la confianza en la institucionalidad burguesa que, además de demostrar su incapacidad para contener las necesidades de la población con políticas sociales, ahora demostraba su firme intención de sostener el ajuste a cualquier precio, aún a costa de la vida y los derechos del pueblo. 

El estado de sitio significó una declaración de guerra que no dejó al pueblo más opción que salir a la calle a responder qué tan dispuesto estaba para defender sus derechos. 

El gobierno puso tanto empeño en declarar la guerra frontal al campo popular como en rescatar bancos y saquear las arcas para repartirse el botín de un proceso de vaciamiento que había iniciado décadas atrás, al costo de precarizar a la clase trabajadora y reprimir a los manifestantes. 

El largo proceso de descomposición culminó con la renuncia del gabinete nacional completo pasado el mediodía del 20 de diciembre y con la del presidente Fernando De La Rúa al atardecer del mismo día. 

El gobierno había apostado al terror y a la represión para extender su política neoliberal y ganar tiempo, poniendo al pueblo en la disyuntiva de elegir entre el estado o la libertad, entre la gobernabilidad y la lucha, entre la represión o la dignidad. 

Y el pueblo tomó la decisión y asumió las consecuencias: la dignidad, la lucha y la libertad; con la legitimidad de la política en las calles, de la bronca organizada y el dolor hecho consigna. 

18 años después: balance y memoria 

Decíamos al comienzo de esta nota que diciembre es un período que habilita a hacer balances y memorias, y que fechas como éstas nos obligan a hacer un breve repaso de lo que nos ha dejado una lucha que no por breve pierde intensidad. 

A casi dieciocho años de haber aparecido en cadena nacional llamando a las fuerzas de seguridad a “poner orden” y disparar contra el pueblo, Fernando De La Rúa falleció el 9 de julio de este año. 

Murió impune por obra de la naturaleza y de la justicia, sin juicio ni castigo por las 483 muertes a manos de las fuerzas de seguridad durante su gestión. 

Mauricio Macri, quien lo había invitado a la inauguración del G20, lo despidió por redes sociales, pidiendo que se le reconozca su “trayectoria democrática”

Nosotrxs reiteramos aquello que cerraba nuestra opinión publicada el día de su muerte: fue y será siempre un asesino. 

Ramón Bautista Mestre, entonces ministro del Interior, tuvo una muerte más prematura pero no menos impune, a causa de una hepatitis en 2003. 

Fue responsable de las muertes en represiones durante su gestión brevísima: los compañeros de Salta José Oscar Barrios y Carlos Santillán, asesinados por gendarmería en el corte de la Ruta 34 en Tartagal; y la de lxs 39 asesinados en las jornadas de lucha que hoy recordamos, entre los que se encuentra el compañero Carlos “Petete” Almirón, asesinado el 20 de diciembre en Av. de Mayo y 9 de Julio, cuando encabezaba una columna que pugnaba por llegar a la Plaza de Mayo. 

Mestre dejó semilla: Su hijo, Ramón Mestre, fue intendente de la Ciudad de Córdoba con un modelo muy similar al de su padre como interventor de Corrientes: precarización, ajuste y represión. Domingo Cavallo, sucesor de Machinea, y Patricia Bullrich, responsables del ajuste brutal que devastó la economía de la clase obrera, aumentó la desocupación y el hambre y que destruyó los ingresos de trabajadores y jubilados, continúan impunes. 

Se los ha visto en televisión dando consejos sobre administración y especulación financiera en el caso de Cavallo; mientras que Patricia Bullrich, como reciente ministra de Seguridad, demostró que sigue igual de reaccionaria. 

Su gestión reestructuró la lógica represiva con la Doctrina Chocobar y el resto de las medidas que hemos estado combatiendo en las calles en estos últimos cuatro años. 

Carga ahora, además, con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y 1.833 muertes a manos de las fuerzas de seguridad federales y provinciales. 

Los distintos gobernadores de las provincias que ordenaron la represión en 2001 tampoco pagaron por sus crímenes. 

Absolutamente ninguno de quienes dieron las órdenes directas u otorgaron beneplácito para matar fue siquiera juzgado. Incluso se sabe de varios que intentaron desmovilizar a los familiares de las víctimas con amedrentamientos o sobornos. 

La gobernabilidad democrática quedó debilitada tras el 19 y 20 de diciembre de 2001. 

En 10 días se sucedieron 4 presidentes hasta que asumió el cargo Eduardo Duhalde en enero de 2002, con la promesa de un gobierno de triple función: “Reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz social y sentar las bases para el cambio del modelo económico y social”

Las vidas de los compañeros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron parte del precio que pagamos en ese intento. 

Los asesinados en la represión a la lucha popular Este es el listado de lxs asesinadxs en la represión a la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 que echó al gobierno de la Alianza UCR-Frepaso: 

Roberto Gramajo, asesinado en Almirante Brown, Buenos Aires, el 19/12/2001 

Ariel Maximiliano Salas, asesinado en Gregorio de Laferrere, Buenos Aires, el 19/12/2001 

Sergio Pedernera, baleado en Córdoba el 19/12/2001, falleció el 26/12/2002 

Claudio “Pocho” Lepratti, asesinado en Rosario, Santa Fe, el 19/12/2001 

Pablo Guías, asesinado en San Francisco Solano, Buenos Aires, el 20/12/2001 

Víctor Ariel Enríquez, asesinado en Almirante Brown, Buenos Aires, el 20/12/2001 

Mariela Rosales, asesinada en Lomas de Zamora, Buenos Aires, el 20/12/2001 

Carlos “Petete” Almirón, asesinado en CABA el 20/12/2001. 

David Ernesto Moreno, asesinado en Córdoba el 20/12/2001 

Jorge Cárdenas, baleado el 19/12/2001 en CABA, falleció algunos meses después. 

Damian Vicente Ramírez, asesinado en Buenos Aires el 19/12/2001  
Yanina García, asesinada en Rosario, Santa Fe, el 19/12/2001 

Juan Delgado, asesinado en Rosario, Santa Fe, el 19/12/2001 

Graciela Acosta, asesinada en Rosario, Santa Fe, el 19/12/2001 

Miguel Pacini, asesinado en Santa Fe, Santa Fe, el 19/12/2001 

Ricardo Villalba, asesinado en Rosario, Santa Fe, el 19/12/2001 

Rubén Pereyra, asesinado en Rosario, Santa Fe, el 19/12/2001 

José Vega, asesinado en Moreno, Buenos Aires, el 20/12/2001 

Gustavo Benedetto, asesinado en CABA el 20/12/2001 

Alberto Márquez, asesinado en CABA el 20/12/2001 

Diego Lamagna, asesinado en CABA el 20/12/2001 

Rubén Aredes, asesinado en CABA el 20/12/2001 

Gastón Marcelo Riva, asesinado en CABA el 20/12/2001 

Ramón Arapi, asesinado en Corrientes el 20/12/2001 

Juan Alberto Torres, asesinado en Corrientes el 20/12/2001 

Romina Iturain, asesinada en Paraná, Entre Ríos, el 20/12/2001 

Elvira Avaca, asesinada en Cipolletti, Río Negro, el 20/12/2001 

Sandra Ríos, asesinada el 20/12/2001 

Walter Campos, asesinado en Rosario, Santa Fe, el 21/12/2001 

Diego Ávila, asesinado en Villa Fiorito, Buenos Aires, el 20/12/2001 

Julio Hernán Flores, asesinado en Merlo, Buenos Aires, el 20/12/2001 

Rosa Eloisa Paniagua, asesinada en Paraná, Entre Ríos, el 20/12/2001 

Carlos Spinelli, asesinado en Pablo Nogués, Buenos Aires, el 19/12/2001 

Ricardo Álvarez Villalba, asesinado en Rosario, Santa Fe, el 20/12/2001 

Luis Alberto Fernández, asesinado en San Miguel, Tucumán, el 20/12/2001 

Cristian Legembre, asesinado en Castelar, Buenos Aires, el 20/12/2001 

José Daniel Rodríguez, asesinado en Paraná, Entre Ríos, el 20/12/2001 

Sergio Miguel Ferreira, baleado el 20/12/2001 en Córdoba, falleció un año después. 

Todxs ellxs, ¡Presentes! Contra la impunidad de ayer y hoy, ¡Unidad, Organización y Lucha! Contra la represión, ¡siempre en las calles!

CORREPI.
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