La #ciberciudadana, Carolina Pérez, envía este link y dice: (Video)

"José: El día viernes 16 de noviembre fuerzas policiales desalojan por la fuerza a seis familias del Barrio San Fernando, de la ciudad de Esquina, Corrientes. 

Foto extraída del Facebook de Carolina Pérez.
A pesar de que no ofrecieron resistencia, los 11 adultos y 15 menores de edad fueron sacados a los empujones. 

La medida de allanamiento y desalojo fue ordenada por el juez en primera instancia Jorge Gustavo Vallejos. 

Pero La legalidad ampara a las familias, que cumplieron tres veces el periodo que se estipula por ley para definir la adquisición del dominio por prescripción. 

El juez accionó ante la denuncia de Cingolani de supuesta usurpación por parte de las familias. 

¿Quién es Cingolani? 

Cingolani no es de la ciudad, sus hijos viven en Australia. Ellos son los compradores del inmueble, que ya fue loteado en 33 partes y cuenta con 10 lotes ya vendidos. 

La justicia procesa por “usurpación” a los verdaderos dueños las 6 familias conocidos en la localidad como Serrucho, cualquiera que habita Esquina lo sabe, y le entrega la posesión al adinerado que compra el título en 2008, lo adquiere por intermediario de una inmobiliaria. 

De esta manera la justicia confunde a quien tiene que defender de la “usurpación”. La medida fue resistida por las familias, se negaron a sacar sus pertenencias que aún permanecen dentro de sus viviendas y desde aquel momento se instalaron frente a sus casas improvisando carpas de madera y nailon. 

Hay una serie de irregularidades que van desde que se dictó la medida hasta que se ejecutó: 

1. La denuncia de Cingolani tal como está formulada, no constituye delito alguno. Desde su origen está mal, por lo que debió ser archivada. 

2. La medida instrumentada por el juez Gustavo Vallejos está llena de irregularidades desde que se firma y ejecuta el mismo día feriado judicial, sin tomarse todos los recaudos y preventivas que la medida requiera para proteger el derecho de los niños.  
3. El asesor de menores subrogante, mientras se llevaba a cabo el desalojo, en lugar de cumplir con su papel, observaba escondido detrás de un árbol. 

4. La jueza María Lourdes Silvero no cumplió con el procedimiento previsto para la aplicación de la herramienta constitucional Art. 43 de la Constitución Nacional. No consideró ni analizó ni valoró la ilegalidad de los actos arbitrarios denunciados. 

Ayer 17 de diciembre, a un mes del desalojo de seis las familias, la situación no solo no se solucionó, sino que cada día se vuelve más grave. 

Cingolani junto a tres patrulleros de la Policía, se apersonó con una orden judicial para apropiarse definitivamente de las viviendas y quitar de allí todas las pertenencias de los verdaderos dueños, esta vez estuvo presente el asesor de menores Juan Domingo Ramírez y las tres abogadas de las familias, quienes intervinieron fuertemente para solicitar que no saquen las pertenencias de las casas. 

Mientras tanto, Cingolani amenazaba con derribarlas con una topadora. La presencia de vecinos que se solidarizaron con los desalojados, evitó que se cumplieran las amenazas. 

Sin embargo, una vez retirados los efectivos policiales tras dos horas de operativo, Cingolani con un grupo de peones intentó alambrar las propiedades para evitar el ingreso de los verdaderos dueños, y desarmó los corrales de los animales liberando a los animales y hasta pretendió prender fuego los restos de las construcciones. 

Otra vez, la presencia de vecinos lo evitó. A pesar de las dificultades y el completo abandono por parte de toda la intendencia, tras varias actividades de volanteo, radio abierta y otras formas de agitación, se logró que el asunto tome estado público. 

Por eso mismo, día a día llegan nuevos vecinos a solidarizarse con los afectados".

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